El impuesto al cheque, cuyo verdadero nombre es Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, grava a los titulares de cuentas corrientes bancarias a una tasa máxima del 6 por mil (0,006) por cada débito y la misma tasa por cada crédito, por lo tanto sumando las dos operaciones la tasa sube al 1,2 por ciento (0,012), en tanto las operaciones en caja de ahorro son gravadas directamente al 1,2 por ciento. Es decir que por cada $100 depositados y extraídos con un cheque debemos abonar $ 1,2. Las entidades financieras, es decir los bancos, actúan como agentes de liquidación y percepción. Todo ello fue implementado mediante la llamada Ley de Competitividad, en marzo de 2001(junto con las retenciones al agro), y en el marco de la emergencia social y económica existente en ese momento. Por supuesto nace como un impuesto netamente distorsivo al igual que todos aquéllos que gravan a los consumos y siempre el compromiso de suprimirlos o reducirlos una vez superados los hechos que les dieron origen, resulta de difícil cumplimiento por la fuerza recaudatoria que tienen para las arcas del fisco. Tal es así, que se prevé para el año 2010 una recaudación por dicho impuesto de 10.307 millones de pesos. Siguiendo con la evolución histórica del “impuesto al cheque”, como se lo conoce en la jerga popular, cabe recordar que en 2002, se dispuso que el 30% de lo recaudado formaría parte de la masa coparticipable. Por lo cual en la actualidad el 14,98% reciben las provincias, el 80,52% la Nación y el 4.5% la Seguridad Social. A su vez la ley 23548 de Coparticipación Federal de Impuestos (1988) establece (arts. 3 y 4) que lo recaudado por la Nación en concepto de impuestos, se distribuirá el 42,34% para la Nación y el 54,66% para las provincias, el 1% está destinado al fondo de aportes del Tesoro Nacional a las provincias y el 2% al recupero del nivel relativo de ciertas provincias que lo necesiten. Así las cosas, las provincias recibirían durante el 2010 una suma de 1544 millones de pesos, cuando deberían recibir si este impuesto se coparticipara totalmente 5634 millones de pesos, la diferencia de casi 4100 millones sería una ganancia importante que implicaría una inyección financiera a sus alicaídos ingresos y que la Nación no estará dispuesta a ceder en función de la necesidad financiera que implica el gasto social.
La discusión en realidad es más profunda que un mero cálculo de recursos nacidos de un impuesto generado en una situación de emergencia y que llegó como tantos otros para quedarse definitivamente puesto que provee de dinero “fresco” a quien lo recaude ocasionalmente sin tener en cuenta el carácter regresivo del mismo. También es cierto que las provincias han ido cediendo en los últimos 20 años derechos en función de su cercanía con el poder de turno y ahora es muy difícil recuperar el espacio perdido. Es necesario discutir una reforma impositiva que acentúe la recaudación de impuestos en aquéllos de carácter progresivo, que graven las rentas directas y reduzcan los impuestos indirectos que perjudican a los que menos tienen y que por lo tanto ostentan un carácter netamente regresivo. También es necesario discutir una nueva distribución en la Ley de coparticipación, puesto que la Nación ha transferido muchos servicios a las provincias (especialmente en salud y educación) producto de las políticas económicas de los ’90 y no ha sido equitativa en lo que respecta a los fondos coparticipables que debió ceder como compensación. Y por último la revisión de la ley 23548 debe ser más intensa puesto que las realidades sociales, territoriales y recaudatorias en las provincias, han cambiado en los últimos 20 años y los porcentajes asignados a las mismas y la Ciudad Autónomas de Bs. As., deberían corregirse.
comicion de Economia PSA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario