Randazzo y un mal comienzo. El pasado 9 de julio la presidenta la presidenta sostuvo que “es hora de discutir una profunda reforma política”. Hemos saludado esa intención. Ocurre que discutir es abrir un diálogo. Y a partir del mismo definir dos cuestiones: una, adonde queremos ir con la reforma y dos, cual es el mejor camino.
Nosotros nos hemos definido por “una democracia participativa, con rotación en los cargos públicos, cuya ética impida tergiversar el mandato popular expresado en un programa de gobierno y con mecanismos ágiles de consulta cuando se trata de temas estratégicos”. Esto es una democracia con el máximo de libertad; donde todas las voces sean respetadas; donde se garantice para todos el derecho de elegir y poder ser elegido; donde nadie sufra discriminación por razones económicas, sociales o culturales; donde la máxima participación con sus mil formas diferentes garantice el máximo de riqueza de una democracia en estado de superación.
El Ministro en cambio, siguiendo la línea expresada hace pocos días por el ex-presidente Duhalde y a la que el gobierno parece haber escuchado con atención, quiere un sistema bipartidista. Bipartidismo que se lo quiere imponer desde hace muchos años y que en nuestro país no funciona. No por lo menos cuando se toman parámetros sobre evolución social, económica, sanitaria, ambiental, de vivienda, educativa, tecnológica y científica, calidad del Estado y Soberanía Nacional, y se lo compara con otros países. El fracaso del bipartidismo es estruendoso. Más allá de que todavía no haya surgido una alternativa superadora de recambio. Lo que no debería hacerse es cosificar este sistema impidiendo que se expresen y participen fuerzas alternativas. Los diversos sectores, expresiones de nuestro pueblo, quieren expresarse. Y si no lo hacen de una forma, porque el sistema se lo impide, buscarán otras maneras. Empobreciendo así la capacidad de expresar lo diverso que debe tener la democracia.
El Ministro elige el camino de la discriminación bipartidista. Atilio Bleta en Clarín de hoy señala: “en el oficialismo están pensando en poner restricciones y limitar la participación de los partidos que consiguen pocos votos. En Interior piensan en un piso de 3% de votos en la primaria para poder acceder después a participar en la elección general”. Si fuera sobre el padrón electoral, en las elecciones generales del pasado 28 de junio solo 4 fuerzas superaron el 3% en la Ciudad de Buenos Aires, 4 también en la provincia de Buenos Aires, 3 en Santa Fé, 4 en Córdoba, 3 en Mendoza, 4 en Tucumán, etc. Si tomáramos a la Argentina como distrito único tendríamos 3 ó 4 fuerzas, 2 de las cuales tendrían el mismo color político. Si el gobierno cree que esto va a mejorar la calidad institucional de la República, que lo vaya sabiendo esto es un desastre.
Cualquiera puede imaginar las dificultades para alcanzar ese caudal en una interna. De esta manera pretenden dejar sin participación incluso a terceras o cuartas fuerzas. Disparate.
Por otra parte, si se plantearan obligatorias para toda la población, la campaña debería ser tan masiva como la general, estaríamos duplicando los gastos de campaña. ¿Los aportará el Estado incluso para aquellos partidos que tienen lista única?
El gobierno pretende hacer una selección artificial favoreciendo a los partidos grandes (a los que se le perdona todo) en detrimento de los medianos y pequeños (sobre los cuales pretende hacer caer todo el rigor de la Ley). La línea de razonamiento sería la siguiente: hay muchos partidos y el problema son los partidos chicos. Si esto fuera cierto los responsables de la crisis serían los partidos chicos. Es más, cuanto más chicos más responsables. Llegando al extremo que el más pequeño, el último de todos, aquel que en la jerga popular sacó 4 votos, ese sí sería el máximo responsable y sobre el haríamos caer todo el peso del escarmiento. Falso.
Resulta también sorprendente que el gobierno justicialista encuentre en la Ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias la solución al orden político. Obsérvese que esta Ley con el número 25.611 fue promulgada durante el gobierno del Dr De La Rua en 2002, luego en 2003 fue suspendida por el gobierno justicialista del Dr Duhalde, para ser definitivamente eliminada en 2006 por el gobierno justicialista del Dr Kirchner. Treinta meses después descubre el oficialismo que, aquello con lo que no cumplimos y que desechamos por inútil, era la panacea del sistema político. Algo no funciona bien en el racionamiento oficial.
¿Cómo puede ser que hace pocos años atrás siendo Florencio Randazzo Ministro de Gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, me entregara en mano un importante folleto a favor del voto electrónico; y hoy sostenga que es “poco confiable”? Mientras la tecnología avanza el Ministro atrasa. El voto electrónico se va a imponer más tarde o más temprano. Países grandes y avanzados lo aplican. Nadie vuelve al pasado. ¿Por qué entonces no avanzar en los estudios y los consensos necesarios para aplicarlo en el más breve plazo?
El Ministro aceptó sin chistar las candidaturas testimoniales. Aceptó que no se respetara la Ley adelantando arbitrariamente la fecha de las elecciones nacionales. Acepto, además, todo tipo de tropelías a la hora del financiamiento de algunas fuerzas sin hacer investigación, ni denuncia alguna. Lamentablemente esto le resta autoridad a la hora de elaborar la agenda sobre reforma política.
El tema del financiamiento es el principal tema a abordar. Tiene solución, pero no hay voluntad política de cambiarlo. Y no hay voluntad porque es el medio a través del cual el Poder Económico cohabita en el manejo del Estado con el Poder Política. En próxima nota abordaremos el tema con mayor profundidad. Por ahora decimos que la solución pasa por prohibir los aportes privados y que el 100% de los aportes para el funcionamiento institucional de los Partidos Políticos, así como los recursos para las campañas, provengan del Estado. De esta manera la inmensa mayoría de los argentinos, que pagan sus impuestos, saben que “los candidatos no le deben favores a nadie” y que su único compromiso es con los electores y el programa de gobierno comprometido.
Continuará.
Mario Mazzitelli.
Secretario General del PSA en Proyecto Sur.-
