LA HUELLA PRESENTE (a 34 años de la noche de los lápices)

En la madrugada del 16 de septiembre de 1976 “grupos de tareas” del Ejército y de la policía bonaerense allanaron los domicilios de diez jóvenes, considerados los dirigentes de la protesta y se los llevaron encapuchados y maniatados. Todos sufrieron torturas durante largos interrogatorios en comisarías y centros clandestinos . Seis de ellos, cuyas edades oscilaban en los 17 años, fueron fusilados al cabo de varias semanas y hoy integran las listas de los miles de “desaparecidos” de la dictadura militar. Se llamaban Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro .

34 años después debemos manifestar nuestro homenaje a los jóvenes de aquél septiembre, reconociendo y reivindicando su lucha. Si bien es cierto que aunque estos tiempos son más "benévolos" en nuestro país, y sin entrar en comparaciones demagógicas, la protesta de los jóvenes de hoy cuando reclaman cosas que tienen sentido: edificios que se caen a pedazos, baños clausurados, escuelas calefaccionadas con caloventores, reivindica a aquellos protagonistas de lo que se dió a llamar "La noche de los lápices".

¡Por el derecho a la lucha de los justos reclamos de los jóvenes, futuros próximos trabajadores y constructores de nuestra patria, salud!

"Podemos pasar la goma para borrar el dibujo de un lápiz, pero nunca se borrará la huella que dejan sus trazos"

JUBILADOS

El canibalismo político que tiende a imponerse en el escenario nacional, está generando un lamentable descenso en la calidad del debate sobre temas de incuestionable emergencia, en tanto afectan a un amplio sector de argentinos: el 82% móvil es un ejemplo. Para quienes se preguntan por qué el 82%, cabe recordar que se trata de la proporción correspondiente a determinado salario luego de los descuentos en concepto de aportes previsionales, obra social y otros. El espíritu de ese derecho busca garantizar al jubilado un haber que le permita mantener su mismo nivel de vida, sin caer por la temida pendiente de la pobreza. Uno de los argumentos esgrimidos por el Frente para la Victoria como fundamento de su rotunda negativa a otorgarlo, es la complicidad de parte de la oposición con la medida impulsada por Domingo Cavallo en agosto del 2001 -durante el gobierno de la Alianza- al bajar los salarios junto a las jubilaciones y pensiones en un 13%. Si esto invalida a cualquiera para plantear ahora el reconocimiento de ese derecho, tal vez la razón de la negativa del gobierno y en especial del diputado Néstor Kirchner, sean sus propios antecedentes al respecto. En enero de 1992, a poco de asumir como gobernador de la provincia de Santa Cruz, estableció una rebaja del 15% en sueldos, jubilaciones y pensiones provinciales: el Decreto 309/92 estaba firmado además, por Ricardo Jaime, Carlos Zannini y Alicia Kirchner.

Las fuerzas del bipartidismo estuvieron comprometidas en mayor o menor medida con las políticas de superministro Cavallo, cuya ductilidad le permitió ser funcionario de la dictadura, del PJ menemista y de la Alianza entre la UCR y el Frepaso. Ahora casi todos lo repudian; pero asimismo se niegan a revertir algunas de sus políticas más aberrantes; entre otras, la disminución de los aportes patronales de las grandes corporaciones y la utilización de jubilados y pensionados como una de las variables de ajuste de su modelo. El monto de estos aportes ronda los $16.000 millones -lo que se requiere para otorgar el 82% del salario mínimo, vital y móvil a quienes menos perciben- y debiera ser un ingreso legítimo y permanente del ANSESS; pero el gobierno prefiere continuar con la política de Cavallo, considerando esa medida como un derecho adquirido de las principales empresas. Fuentes adicionales que permiten reconocer ese derecho para el conjunto de los pasivos, incluyendo la recomposición de los haberes más altos en función de los fallos de la Corte Suprema, son: el propio superávit de ANSESS y el impuesto a las transacciones financieras y a los beneficios del juego; sin contar con la eliminación de exenciones impositivas y otras prebendas a diversas corporaciones que, según la información del presupuesto del gobierno, suman otros $72.000 millones. Los voceros K (Verbitsky, Página12, 22/8/10; Bruschtein, Página12, 21/08/10), que se rasgan las vestiduras denunciando una provocación de Proyecto Sur y la oposición en general, cuya única intención sería debilitar al gobierno y burlarse de los jubilados despertando esperanzas imposibles de cumplir, debieran sincerarse y explicar: no se les puede reconocer el 82%, porque es preciso dar esos recursos a quienes realmente los necesitan, como Barrick Gold, British Petroleum, Repsol, General Motors, Citibank, bancos Macro y Galicia, Pecom Energía, el amigo Cristóbal López y otros. La realidad es que, en los hechos, los jubilados y pensionados aportan cada año unos $30.000 millones a esos grupos empresarios.

Nadie duda de que el sistema previsional no es sustentable en el tiempo, dadas las condiciones actuales de trabajo y salarios: el 52% de la población económicamente activa -unos 8.2 millones de trabajadores sobre 16 millones- no hace aportes, debido a que se encuentra en condiciones precarias y en negro, está desocupada o recibe subsidios, mientras el salario promedio ronda los $1.900. En estos dos aspectos está el corazón del problema y del actual modelo: beneficios neoliberales a las corporaciones y descomunal traslado de riquezas desde los trabajadores y los pasivos hacia los grupos económico-financieros concentrados. Si en siete años de crecimiento económico a tasas chinas la situación no se ha revertido significativamente, nos preguntamos cuánto más deben esperar.

Alcira Argumedo, Socióloga y Diputada Nacional por la C.A.B.A. (Proyecto Sur)