El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta en la que analiza los grandes avances logrados y las alarmantes asignaturas pendientes para aportar a la reflexión nacional sobre qué debe significar la lucha por los derechos humanos en la actualidad.
Es necesario señalar que los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles desde su comprensión integral como derechos de los pueblos.
La ONU durante la Conferencia Mundial realizada en Viena, Austria, en 1993 avanzó en comprender los derechos humanos desde su integridad: la autodeterminación, el desarrollo, la soberanía, el derecho al ambiente y los recursos y bienes naturales.
Es necesario clarificar que quien viola los derechos humanos es el Estado.
Los asaltos, asesinatos, robos, etc. son delitos que deben ser juzgados de acuerdo a las leyes vigentes que rigen en el país. Es necesario clarificar estos conceptos frente a una creciente confusión sobre quienes son responsables de violar estos derechos.
La Argentina vivió a través de su historia graves violaciones de los derechos humanos y de los pueblos dejando profundas huellas en la vida de las comunidades indígenas que sufrieron bajo la conquista española, sometiéndolos a la esclavitud y represión y posteriormente los esclavos africanos. Incluso pasadas las luchas por la independencia y la abolición de la esclavitud en 1813 se continúo cometiendo atrocidades como en la llamada Campaña del Desierto.
El país sufrió en la segunda mitad del siglo XX la sucesión de gobiernos pendulares entre dictaduras y gobiernos civiles débiles, hasta la última dictadura que se impuso en el país utilizando métodos aberrantes desde la Doctrina de Seguridad Nacional que marcó con dolor y sufrimiento al pueblo argentino desde 1976 hasta 1983.
No podemos dejar de lado en ésta breve referencia a la “Triple A” y su política represiva encubierta durante el gobierno de Isabel Perón y el accionar de las guerrillas en el país.
Es un capítulo marcado por los olvidos intencionados que dicen que nada pasó antes y después de la dictadura militar. Pero debemos tener una lectura profunda y sincera de lo vivido y las consecuencias que tuvo para nuestro pueblo.
Acotar los derechos humanos a la época de la dictadura militar y los horrores que vivimos en el país, es escamotear la memoria a nuestro pueblo y burlar su derecho a la Justicia y la Verdad. Este derecho no puede estar sometido a la manipulación política.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín y con todas sus contradicciones se logró el juicio a las tres primeras juntas de los comandantes de la dictadura militar, posteriormente se produce un fuerte retroceso del gobierno bajo presión militar y falta de coraje, al imponer las leyes de impunidad, de Punto Final y Obediencia Debida; los indultos a los genocidas impuesto por el gobierno de Carlos Menem, profundiza la impunidad jurídica.
Nestor Kirchner, durante su gobierno, asumió los reclamos de los organismos de derechos humanos y la sociedad en general y el Parlamento sanciona la nulidad de las leyes de impunidad, lo que permitió abrir caminos para lograr los juicios a los represores y superar la impunidad jurídica. Es un fuerte avance para afirmar el Estado de derecho.
La Argentina ha marcado caminos. La Justicia Federal juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad logrando un avance significativo en el fortalecimiento de la justicia y la democracia, y sentando precedentes jurídicos ejemplares en el país y en el mundo.
La situación de los derechos humanos en la Argentina actual, tiene luces, sombras y matices, no sólo en la política nacional, sino en las decisiones de los gobiernos provinciales. La reforma constitucional del año 1994 establece que la Argentina es un país federal, pero cuando vemos las prácticas de los gobernadores, son más feudales que federales y se demuestra en graves violaciones a los derechos humanos.
La discriminación y persecución a los pueblos originarios es un ejemplo de esto. El problema de los territorios y derechos indígenas violados sistemáticamente, víctimas de los gobiernos provinciales, de una justicia sometida al poder político, son casos concretos que hemos podido ver últimamente en la Provincia de Formosa, en la Comunidad Qom, La Primavera, sometida a la represión, muerte y cárcel por parte del gobierno formoseño.
Este problema territorial representa la discriminación de sus culturas y valores y una violación de los derechos de los pueblos que debieran estar protegidos de acuerdo a la Constitución Nacional en su artículo 75, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración Universal de los Pueblos Originarios, proclamados por las Naciones Unidas.
Las continuas violaciones de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Hoy las cárceles son depósitos humanos que degradan la dignidad de la persona. El hacinamiento, las condiciones de encierro, la superpoblación y deterioro edilicio, la aplicación de torturas y trato cruel y degradante; así como la situación de las mujeres y sus niños en las prisiones, requieren de políticas públicas para resolver los problemas existentes. Situaciones semejantes se viven los institutos penitenciaros de todo el país. Las comisarías continúan ejerciendo la violencia, situación que desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires venimos denunciando y sobre la que hemos propuesto soluciones, como la creación de la Policía Judicial que dependa de la Corte Suprema de Justicia.
Los problemas de la infancia, el aumento de los niños y jóvenes en estado de riesgo social, los chicos en situación de calle, desde esferas oficiales y medios de comunicación se busca bajar la edad de imputabilidad para penalizarlos y llevarlos al encierro en institutos que agrava la situación de vida de los mismos.
Si bien hay programas de atención a la infancia, no son suficientes y faltan de políticas públicas para dar contención y prevención sobre las adicciones, el control de la prostitución y la trata de personas. Sepamos que son los niños, niñas y jóvenes los que soportan el flagelo de la violencia social y estructural que afecta a nuestra sociedad y que tiende a aumentar.
Aclaremos que no son políticas de Estado la situación de violencia institucional. Son remanentes y prácticas de las fuerzas de seguridad desde la dictadura, que no han sido erradicadas. Lo que urge es la reforma de los planes de estudio y ejercicio aplicado de estas fuerzas.
En las últimas décadas han surgido con fuerza los derechos ambientales, frente al deterioro de los recursos y bienes naturales, situación que afecta a gran parte de la población en nuestro país y a escala planetaria.
Los monocultivos y destrucción de la biodiversidad, los desmontes y daños ambientales irreparables son provocados en gran medida por quienes privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. A esta situación se suma la falta de control por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sobre los daños provocados por los agro tóxicos como el glifosato utilizado en gran parte en los monocultivos de soja, habiéndose comprobado daños a la salud de los pobladores y malformaciones en los recién nacidos. Esta situación no la desconocen las autoridades y sin embargo lo toleran con total impunidad.
La gran minería está dañando la vida de la población. La extracción de minerales como el oro, la plata, cobre y minerales estratégicos, utilizando el cianuro y el mercurio que penetran en las napas de agua afecta directamente a la población humana, animales y vegetales. El saqueo es inmenso, se llevan el 97 % de los recursos con una simple declaración jurada, sin control alguno y dejan destrucción y muerte.
Minerales de los cuales no se habla y que son prácticamente desconocidos por la gran mayoría de la población también debemos tomarlos en cuenta. Las llamadas “Tierras Raras” disponen de minerales utilizados por la gran industria siendo de alto valor estratégico en el actual y futuro desarrollo de la humanidad.
Hoy los países que encabezan la explotación y demanda de las “Tierras Raras” son en primer lugar China, seguida por los EE.UU. Debemos estar atentos.
La desertificación del país va avanzando ante la total indiferencia y complicidad de los gobiernos. La ONU ha hecho un llamado de alerta a la responsabilidad y conciencia de la humanidad, poniendo su acento en los bienes y recursos naturales, como el agua y la biodiversidad, cada vez más escasos y el reclamo sobre la soberanía alimentaria. El informe de la FAO es aterrador, por día mueren en el mundo más de 35 mil niños de hambre. En nuestro país la mortalidad infantil alcanza a cerca de 25 niños por día.
La Argentina aún está a tiempo de revertir la situación y asumir el desafío de recuperar la soberanía perdida. Se necesita decisión, coraje político y la acción de todos los sectores sociales, políticos y económicos, así como el apoyo de las iglesias, para hacer frente a la devastación de los bienes del pueblo y recuperar las empresas base, el territorio y los recursos estratégicos para la vida y desarrollo del país. En esto consiste hoy, la lucha integral por los derechos humanos.
